El Foro Baleares de la Solidaridad y del Progreso denuncia ante las instituciones europeas la Ley Órganica de Modificación de la LOE (LOMLOE) por las numerosas injusticias e inmoralidades en el contenido de dicha Ley.

Como explicamos y denunciamos en la carta que hemos enviado al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y a cada país miembro de la UE, esta ya es la octava ley educativa que se aprueba durante la democracia, con una falta de consenso entre los principales partidos políticos españoles que evidentemente requiere cualquier ley de esta envergadura.

La Ley Celaá supone un ataque directo hacia la lengua española, la educación especial y la escuela concertada.

Es una ley que calificamos de “intolerable” y de “despropósito” y que, además, hay una clara vulneración de los artículos 27 y 3.1 de nuestra Constitución..

Desde el Foro Baleares apelamos a la comunidad internacional a que actúe en consecuencia y evite, de una vez por todas, la deriva totalitaria de este gobierno socialcomunista.

A continuación, les adjuntamos la carta que hemos enviado a las autoridades europeas.

 

La Asociación Foro Baleares de la Solidaridad y del Progreso quiere denunciar ante las autoridades europeas la vulneración clara y flagrante de los derechos fundamentales y básicos de los ciudadanos españoles que está llevando a cabo el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con la aprobación de la Ley Orgánica de la modificación de la LOE  (LOMLOE o Ley Celaá) que tiene previsto su entrada en vigor a lo largo del próximo año 2021.

 

Los dos partidos políticos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, han negociado y pactado con el partido golpista Esquerra Republicana (ERC), cuyo máximo representante Oriol Junqueras lleva desde 2017 en prisión por perpetuar un golpe contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, una Enmienda en la Ley Celaá por la cual la lengua española dejará de ser vehicular en todo el territorio español.

 

Esto supone una clara vulneración de los derechos que tienen los padres a elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos durante la primera enseñanza, lo que se conoce como libre elección de lengua y que múltiples sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional amparan.

 

Cabe destacar, que en comunidades autónomas como las Islas Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco o Valencia, no se respeta desde hace años este derecho, ni siquiera se respeta la cooficialidad del español con el resto de lenguas regionales. Son múltiples, también, las denuncias de padres ante los tribunales de justicia por la vulneración de los derechos de ellos y de sus propios hijos.

 

Esta Ley supone un paso más del Gobierno español y de los nacionalistas en su intento de destruir la lengua española. Si bien es cierto, como planteábamos en el anterior párrafo, que en comunidades autónomas donde existe una lengua regional no se va a notar la diferencia pues desde hace años no se respeta la cooficialidad del español ni en los colegios ni en la propia administración pública. Ahora, pretenden convertir en “legal” lo que se lleva haciendo desde hace años de forma ilegal.

 

Por otra parte, cabe decir que esta Ley va radicalmente en contra del artículo 3.1 de la Constitución Española, que señala que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.”

 

Además de todo esto, la Ley Celaá, y concretamente en la disposición adicional cuarta de la misma, obligará a los alumnos que sufren algún tipo de discapacidad, algunas graves, que están actualmente en centros de educación especial, a ser trasladados a centros educativos ordinarios, a pesar de tener a prácticamente la mayoría de padres, niños y expertos en contra.

 

Son muchos los padres con hijos con discapacidad que están preocupados por el futuro de sus hijos. Ni tan siquiera el Ministerio de Educación se ha reunido con las asociaciones representantes de los padres con necesidades especiales.

 

Por si todo esto fuera poco, la Ley Celaá supondrá a la larga, también, el fin de los colegios concertados. El propósito de la Ley es claro: arrinconar a la escuela concertada negándole los medios necesarios, aumentando las plazas de la educación pública, negando la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados y eliminando el concierto a los centros educativos que apuesten por la educación diferenciada.

 

Dicha Ley, aparte de ir en contra del artículo 3.1 de nuestra Constitución, como mencionábamos antes, también vulnera el artículo 27: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

 

Esta Ley, además, es la octava ley educativa que se aprueba en España en 40 años de democracia. En nuestro país ha habido una falta de consenso entre los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, que han mirado por sus intereses políticos y electoralistas en lugar de mirar y velar por los intereses generales de todos los españoles.

 

Pedimos formalmente ante las autoridades e instituciones europeas que actúen, garanticen y defiendan los derechos fundamentales de todos los españoles, vulnerados de forma sistemática por este Gobierno social-comunista, y eviten que la deriva totalitaria del Gobierno de España siga su curso.

 

Sin nada más que añadir.

 

Reciban un cordial saludo.

 

Foro Baleares de la Solidaridad y del Progreso.