En materia de educación, nuestro país funciona como una organización intervencionista cuya megalomanía prohíbe a la mayoría de ciudadanos decidir qué educación desean para sus hijos. El Estado impone un modelo educativo, una escuela determinada y unos profesionales a los que jamás se les pedirá la más mínima rendición de cuentas por los resultados obtenidos. Si el colegio que el Estado impone al ciudadano es líder en delincuencia juvenil, en absentismo laboral y en fracaso escolar, el centro recibirá la misma dotación económica y los directivos cobrarán exactamente lo mismo que en otro centro donde se sancionen conductas lesivas, se lleven a cabo programas de mejora del rendimiento (con obtención de resultados) y los profesionales acudan a su lugar de trabajo con regularidad.

El principio de libre competencia que rige como garante de salud de cualquier sociedad democrática no existe en nuestro sistema educativo. Por eso no se puede elegir el centro de escolarización, salvo que se acuda a la oferta privada. A cambio de esa delegación forzosa de nuestros derechos al Estado, el ciudadano deberá seguir soportando la pútrida visión del despilfarro de recursos (los cursos de formación son un dislate, los ordenadores en las aulas no han mejorado ni una décima el rendimiento escolar, los salarios de los profesores superan la media europea), la politización de las aulas y el fracaso escolar puntero en Europa.

¿Por qué un gobierno tiene que decidir lo que es mejor para nuestros hijos, negando nuestro derecho a la libre elección de opciones particulares, como pueda ser el modelo educativo, el propio centro escolar o la lengua de enseñanza en las autonomías bilingües?

Padecemos un sistema en el que no se incentivan o penalizan las buenas o malas prácticas educativas, los centros no son responsables de los resultados que obtienen, no existe una oferta educativa real que responda a los intereses de la sociedad civil y no existen mecanismos transparentes de evaluación del aprendizaje.

En definitiva, en el sector educativo no hay responsables, solo muchos damnificados (y unos cuantos jetas). Por su parte, los hiperfinanciados sindicatos siguen empeñados en hacer fracasar cualquier iniciativa que procure ampliar la libertad de las familias para decidir sin la perversa tutela de los gobiernos de turno.

Mientras las intromisiones monopolísticas del Estado y sindicatos de la enseñanza sigan lastrando los principios de competencia, transparencia, libertad, igualdad, responsabilidad y eficacia, los ciudadanos seguiremos teniendo una escuela secuestrada por una pedagogía sectaria, enemiga del sentido común y fomentada por cacicatos burocráticos y clientelares, ajenos a los verdaderos intereses de los escolares.

Una escuela sana y próspera sería aquella capaz de medirse con otras ofertas educativas, superando un monopolio público protegido de cualquier competencia e inmunizado frente a cualquier posibilidad de mejora. Quedaría establecida así una igualdad de condiciones entre lo público y lo privado que fomentaría una sana competencia entre todos los centros educativos, con independencia de quiénes fueran sus sostenedores. Obviamente, si la enseñanza pública pudiera competir con la oferta privada, tal vez los hijos de muchos maestros y políticos no serían sistemáticamente matriculados en ofertas de ámbito privado.

La libre elección de centro es vista por un sector de la educación como un elemento segregador, bajo el argumento falaz de que todos querrían ir a las mejores escuelas, obviando que, bajo el principio de igualdad real de oportunidades que generaría la libre elección de centro, la opción estaría abierta a todos los escolares, incluidos los de zonas más deprimidas de la sociedad, a los que un buen expediente podría situarles en las mejores escuelas.En algunos países asiáticos, pioneros en materia de educación, es posible la movilidad escolar bajo el meritocrático criterio del expediente académico. Aquí en España, el progresismo radical nos hurta ese derecho.

La idea del cheque escolar, de Milton Friedman, no responde precisamente al fatal abuso de la planificación estatal que se ejerce sobre la totalidad del sistema educativo público español. Antes bien, permite la libre competencia entre centros, de modo que los mejores alumnos pueden ir a los mejores colegios. La idea es sencilla: el Estado asume el principio liberal de permitir que sean las familias las que decidan en qué escuela entregar el cheque que el propio Estado les suministra para escolarizar a sus hijos. Así, tanto ricos como pobres optan a las mismas escuelas, generando una auténtica igualdad de oportunidades. La titularidad estatal no es, entonces, el problema, sino la ausencia de responsables del fracaso escolar que, a pesar de ello, cuentan con una periódica renovación clientelar, decretada por el propio Ministerio de Educación. El cheque escolar permitiría una diversificación de la oferta educativa, actualmente centrada en barrer todo vestigio de superación, excelencia y, en Baleares, cerrilmente obstinada en instalar la cultura de una comunidad autónoma vecina.

La erradicación de los principios de competencia, esfuerzo, trabajo, mérito y excelencia en la escuela actual han puesto a la deriva un sistema educativo que ni es sistema ni es educativo: es, sencillamente, arrogancia progresista y utopía de la igualitarización. O sea, fracaso escolar y paro.

Liberalizando la escuela abriríamos paso a una nueva etapa donde la rendición de cuentas (o exigencia de responsabilidades) sería el aspecto decisivo para devolverle a la escuela sus objetivos fundamentales: formación y promoción social. La LOMCE introduce algunos principios en esta línea, pero mucho nos tememos que sus arterias principales (LOGSE-LOE) dificulten extraordinariamente cualquier posibilidad de mejora.